Para este lunes 30 de enero está prevista la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para tratar el tema de los requerimientos judiciales que se tienen que surtir en medio de la búsqueda de la Paz Total.

Las diferencias entre el Gobierno y la entidad judicial comenzaron cuando la Fiscalía General se negó a suspender las órdenes de captura de integrantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC) y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’ (ACSN), pues, según Barbosa, no hay una norma que lo permita.

Ante esa respuesta, en un comienzo, el Gobierno aseguró que esa potestad se la entregaba al presidente Petro la Ley 2272 de 2022, que reglamentó la Ley 418 de 1993, más conocida como Ley de Orden Público.

En medio de ese proceso, el Gobierno y el ente acusador no tuvieron un diálogo sobre lo que había venido ocurriendo hasta que el presidente Petro y el fiscal Barbosa tuvieron un diálogo telefónico mientras el mandatario estaba en Davos, Suiza.

El jefe de Estado aseguró que el fiscal Barbosa tenía razón en algunos temas y, por tal motivo, para entrar en consensos, se reunirán el lunes 30.

“Yo estaba un poco sorprendido porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, traté de preguntarle de qué se trataba. Más o menos me comentó, creo que son cosas que se pueden solucionar, por eso quedamos de hablar el 30 de manera personal (...) que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que en eso tiene mucha razón”, expresó Petro en declaraciones.

El mandatario colombiano también se había referido a la decisión del fiscal, eso sí, sin nombrarlo puntualmente.

“Nosotros aprobamos una ley en el Congreso, es una Ley de la República que le permite al presidente designar una serie de intermediarios, llamémoslo así, de negociadores con grupos que necesariamente no tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio jurídico para su desmantelamiento”, explicó el presidente Petro.

El mandatario, además, había asegurado que la negociación con esos grupos no será con el Gobierno, sino con la justicia.

“Implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno, no estamos en esa tarea de politizar una negociación que tiene que ser jurídica, pero que sí implica, por la realidad de nuestro país, la inclusión de territorios, de juventudes cuya exclusión ha sido como el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico, eso sí tiene que ver con el Gobierno”, afirmó Petro.